La Fiscalía General de la República (FGR) dio un paso decisivo en la investigación contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, al unificar en un solo expediente las tres indagatorias clave que lo vinculan con el crimen organizado. De acuerdo con revelaciones de La Jornada, el Ministerio Público Federal ahora rastrea de forma conjunta el secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada, el asesinato del ex rector Héctor Melesio Cuén y las presuntas irregularidades electorales de 2021. Aunque la autoridad federal ya conoce la ubicación exacta del mandatario, hasta el momento ha optado por no emitir un citatorio formal, permitiendo que la integración de pruebas avance bajo un esquema de máxima reserva.
Mientras el cerco jurídico se cierra, reportes de inteligencia obtenidos por Proceso detallan que Rocha Moya permanece atrincherado en el Palacio de Gobierno de Culiacán bajo un despliegue de vigilancia aérea sin precedentes. El operativo incluye el sobrevuelo constante de un helicóptero tipo Little Bird —equipo de operaciones especiales— y una flota de al menos seis drones de alta capacidad que monitorean el recinto, especialmente durante la noche. Los documentos describen estas maniobras como una «disuasión aérea permanente», lo que implica que el mandatario no solo está siendo observado, sino que se encuentra bajo un esquema con capacidad de intervención inmediata.
La salud del gobernador con licencia también ha encendido alarmas, pues los reportes señalan que padece una afección respiratoria aguda derivada de un sistema inmunológico debilitado por la crisis que enfrenta. Este aislamiento físico coincide con movimientos erráticos en su círculo más cercano; Enrique Inzunza Cázarez, su principal operador político, fue ubicado en una vivienda reforzada en la zona de Badiraguato, mientras que los familiares directos de ambos funcionarios han modificado drásticamente sus rutinas cotidianas ante el temor de detenciones o ataques.
El escenario en Sinaloa refleja una caída estrepitosa del poder local frente a la justicia federal y la presión externa. Con la unificación de los expedientes, la FGR busca evitar que la defensa de Rocha Moya fragmente las acusaciones, consolidando una teoría del caso que lo sitúa en el centro de la estructura que permitió el ascenso de facciones criminales y la eliminación de adversarios políticos. El Palacio de Gobierno, otrora sede del mando estatal, se ha transformado en un búnker donde la vigilancia aérea y el deterioro físico de su ocupante narran el final de una era marcada por la sombra del narcotráfico.
