La presidenta Claudia Sheinbaum subió el tono frente a la infiltración de extranjeros en la Sierra de Chihuahua, afirmando que la presencia de presuntos agentes de la CIA en el operativo de El Pinal constituye una falta directa a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Durante su conferencia matutina, la mandataria delegó en la Fiscalía General de la República (FGR) la «última palabra» para determinar las responsabilidades legales de este incidente, el cual calificó como una operación que vulneró la soberanía al involucrar a actores externos en tareas reservadas exclusivamente a las fuerzas de seguridad mexicanas.
La jefa del Ejecutivo Federal reveló que la FGR mantiene una investigación «profunda» que ya incluye entrevistas ministeriales a personal de la Fiscalía de Chihuahua y de diversas áreas del gobierno estatal. Esta indagatoria federal corre de forma paralela a la estatal, pero con un enfoque centrado en la ilegalidad de permitir que ciudadanos estadounidenses —quienes murieron en el accidente junto al director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI)— participaran en un convoy armado para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas sin previo aviso ni coordinación con la Federación.
El conflicto escaló tras confirmarse que el despliegue del 16 de abril, que derivó en el aseguramiento de toneladas de precursores químicos, fue planeado y ejecutado durante meses de forma unilateral por la autoridad local, integrando a los extranjeros en el convoy oficial desde su salida de la capital. Sheinbaum fue enfática al señalar que este tipo de «colaboraciones» fuera de los cauces institucionales y legales no tienen cabida en su administración, sugiriendo que hubo una omisión deliberada de los protocolos de seguridad nacional por parte de los mandos chihuahuenses.
Mientras la Fiscalía General del Estado intenta mantener su propia narrativa sobre el éxito del decomiso, la presión desde Palacio Nacional coloca al gobierno de Chihuahua en una posición defensiva. La determinación de la FGR no solo buscará esclarecer la identidad y función real de los estadounidenses fallecidos, sino también castigar a los funcionarios que facilitaron la operatividad de agencias extranjeras en territorio nacional bajo un esquema de «asistencia» que, a ojos de la Presidenta, traspasó los límites constitucionales.
