El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que el régimen chavista en el estado de La Guaira ha priorizado el control militar y policial del territorio en lugar de atender las necesidades urgentes de la población, a una semana del doblete sísmico que ha dejado más de mil 900 muertos en el norte de Venezuela.
La organización no gubernamental alertó que no se observan esfuerzos estatales para proveer alimentación o agua potable a los sobrevivientes, acusando que la actuación descoordinada de los cuerpos de seguridad provoca el colapso en el tránsito de ambulancias y deja sin protección al personal de socorro.
La organización advirtió que el emplazamiento de agentes de inteligencia y contrainteligencia militar, cuerpos sin competencias en gestión de riesgos, entorpece el manejo de la crisis y eleva el riesgo de abusos contra los derechos humanos al saturar la zona de desastre con elementos armados en vez de subordinarse a los organismos civiles de rescate.
En contraste con la parálisis oficial, Provea destacó el robusto despliegue de recursos canalizados por agencias de Naciones Unidas y el trabajo de cientos de voluntarios de la sociedad civil, quienes se han convertido en el soporte vital para distribuir la ayuda enviada por la ciudadanía a las familias damnificadas.