La coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, Miriam Tarango García, aclaró el estatus jurídico de Carlos Lazo, CEO de YOX Holding, tras las versiones que apuntaban a una negativa de extradición por parte de Venezuela. La funcionaria confirmó que el proceso internacional sigue su curso y que, tras la deportación de Lazo desde Estados Unidos a su país natal el año pasado, la Fiscalía de Chihuahua activó de inmediato los protocolos para traerlo a México. «Yo no he recibido ninguna respuesta en sentido negativo», aseveró Tarango, desmintiendo que el trámite esté detenido o rechazado por las autoridades venezolanas.
El volumen de la estafa en la capital del estado es considerable; la fiscalía tiene documentadas a 1,350 víctimas exclusivamente en la ciudad de Chihuahua, sin contar los procesos que se llevan de manera independiente en municipios como Delicias y Camargo. Tan solo en este grupo de afectados, el detrimento patrimonial asciende a aproximadamente 210 millones de pesos. Tarango García explicó que la institución se encuentra en una etapa de respuesta constante hacia la Fiscalía General de la República (FGR), enviando la información técnica y jurídica necesaria para robustecer la solicitud de extradición y evitar cualquier vacío legal que permita la impunidad del empresario.
Ante la preocupación de los defraudados por una posible prescripción de los delitos, la coordinadora fue enfática al señalar que el marco legal otorga un margen de maniobra amplio debido a la gravedad y el monto de lo robado. «Si fuera por una de las órdenes, sería dentro de nueve años; tenemos suficiente tiempo», puntualizó, descartando que el caso esté cerca de caducar. La complejidad del expediente, que involucra a miles de personas y cantidades elevadas de dinero, ha impedido fijar una fecha exacta de resolución, pero la funcionaria reiteró que el trabajo de acopio de pruebas y seguimiento al trámite internacional es la prioridad actual de su unidad.
