Exactamente un año después de los violentos hechos en el fraccionamiento Ex Hacienda de Guadalupe, Carlota N abandonó este miércoles el penal estatal de Chalco para continuar su proceso bajo prisión domiciliaria. Ataviada de luto pero visiblemente emocionada, la mujer de 60 años fue recibida por su familia tras obtener un amparo federal que modificó su medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. A su salida, Carlota rompió el silencio calificando el episodio como «un mal rato» derivado de lo que ella considera una defensa personal, luego de verse involucrada en una balacera donde perdieron la vida dos personas y un menor resultó herido.
El conflicto que llevó a Carlota y a sus hijos Mariana y Eduardo tras las rejas se originó el 1 de abril de 2025, cuando la familia intentó recuperar una vivienda de interés social que se encontraba invadida. Durante la disputa por el inmueble, la situación escaló hasta el uso de armas de fuego, resultando en la muerte de un hombre identificado como Isaú y su hijo Justin. A pesar de la gravedad de los cargos por doble homicidio y tentativa de homicidio, investigaciones posteriores de la fiscalía confirmaron que la legítima propiedad de la vivienda pertenece a la familia, lo que ha sido el eje central de su estrategia legal.
La resolución judicial, registrada bajo la causa penal 320/2025, responde a una protección otorgada por el Poder Judicial de la Federación que ordena el traslado de la sexagenaria a un domicilio asignado. Arturo Santana, hijo de Carlota y ex legislador capitalino, enfatizó que este movimiento representa un alivio para la familia y un paso firme para demostrar que actuaron en legítima defensa ante el riesgo inminente a su vida y patrimonio. Para los Santana Alfaro, originarios de Iztapalapa, la salida de su madre de la aduana del penal marca el cierre de un capítulo de encierro, aunque el proceso penal sigue vigente.
Con Carlota ya instalada en su nuevo domicilio, el caso entra en una etapa técnica donde la defensa buscará desvirtuar la acusación de homicidio doloso frente a la narrativa de una propiedad invadida. El trasfondo evidencia una falla institucional en la resolución de despojos que terminó en una tragedia familiar para ambas partes. Mientras sus hijos también enfrentan procesos paralelos, la libertad condicionada de la matriarca pone sobre la mesa el debate sobre los límites de la defensa de la propiedad privada y las consecuencias fatales de la justicia por propia mano en el Estado de México.