Tras casi seis años de impunidad y una batalla legal que movilizó a organismos internacionales, la justicia alcanzó un punto de inflexión con la reaprehensión de Iván Arturo G.P., presunto asesino de Mireya Rodríguez Lemus. La noticia fue confirmada entre lágrimas por la activista Mayté Regina Gardea, presidenta de Unión y Fuerza Trans, quien señaló que esta detención representa una esperanza renovada para las mujeres trans en el estado. Mireya, fundadora de la organización Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses y defensora de los derechos humanos y la prevención del VIH, fue localizada sin vida el 2 de septiembre de 2020, dejando un vacío profundo en el activismo local.
El caso de Mireya se convirtió en un símbolo de la lucha contra la discriminación institucional en Chihuahua después de que, en julio de 2022, un tribunal decidiera absolver a Iván Arturo G.P. bajo el argumento de falta de pruebas. Esta sentencia desató una ola de indignación y protestas, ya que la comunidad LGBTIQ+ y organizaciones civiles denunciaron que los jueces ignoraron evidencias contundentes, como el hallazgo de prendas con sangre de la víctima en el domicilio del entonces imputado. La liberación del sospechoso fue calificada como un acto de injusticia que evidenciaba las fallas sistémicas en la investigación de los transfeminicidios.
La relevancia de Mireya Rodríguez como figura pública llevó a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y a agrupaciones como Letra S a exigir una revisión exhaustiva del proceso. Tras apelaciones y una presión constante de la sociedad civil, la nueva captura del señalado reabre la posibilidad de una sentencia condenatoria que rompa con el ciclo de impunidad en el estado. Para sus compañeras de lucha, este avance no es solo un trámite judicial, sino un mensaje contundente de que el derecho a la justicia para las poblaciones vulneradas debe ser, finalmente, una realidad en Chihuahua.