La corrupción institucional en el Estado de México obligó a tomar medidas desesperadas ante el despojo de una vivienda; así lo denunció María Carlota Alfaro Quintana, conocida como «Doña Carlota», en su primera entrevista tras obtener libertad condicional.
La mujer, que enfrentó un proceso por homicidio calificado tras disparar contra invasores en Chalco, aseguró que la Fiscalía mexiquense no solo ignoró sus denuncias, sino que presuntamente protegió a los delincuentes que ocuparon ilegalmente la propiedad de su hija. «Se les llamó y no fueron a sacarlos; al contrario, los apoyaron», sentenció al describir un sistema que, a su juicio, deja a las familias en el abandono total.
La impunidad en las alcaldías y ministerios públicos es el combustible que permite que la delincuencia no se detenga; según relató la mujer de la tercera edad en el podcast *Penitencia*. Doña Carlota advirtió que su caso es solo el reflejo de una corrupción sistémica donde cualquier ciudadano está expuesto a perder su patrimonio sin que las autoridades intervengan.
«Ahorita me tocó a mí, la otra vez le va a tocar a otro», afirmó con dureza, señalando que mientras existan funcionarios corruptos, la sociedad seguirá viviendo en una vulnerabilidad constante frente a los grupos dedicados al despojo de inmuebles.
Un año después de los hechos, la implicada fue liberada bajo medidas cautelares y el uso de un brazalete electrónico, debido a un grave deterioro en su salud por diabetes e hipertensión; así lo confirmaron las autoridades judiciales. Aunque el proceso penal por homicidio y tentativa de homicidio sigue abierto y no ha sido absuelta, su testimonio pone en el centro del debate la legítima defensa frente a la inoperancia del Estado.
El caso de Doña Carlota cierra un ciclo de encierro, pero abre una grieta en la narrativa oficial sobre la justicia en el Estado de México, evidenciando que el vacío de autoridad puede detonar tragedias que terminan con ciudadanos en la cárcel y delincuentes protegidos.
