Chihuahua, CHih.- La Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República suspendió de último momento la reunión extraordinaria en la que comparecería la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván. La cancelación ocurrió apenas minutos después de que se oficializara la dimisión de César Jáuregui Moreno como Fiscal General del Estado, en una jornada marcada por la alta tensión política. Aunque el oficio oficial no detalla las razones de la suspensión, el vacío de poder en la Fiscalía General del Estado (FGE) y la salida del principal operador de la estrategia de seguridad estatal han dejado en la incertidumbre el proceso de rendición de cuentas ante la Cámara Alta.
El encuentro, programado para este martes 28 de abril en la Ciudad de México, buscaba que la mandataria estatal aclarara las inconsistencias del operativo en la Sierra Tarahumara y la muerte de dos presuntos enlaces estadounidenses. La renuncia de Jáuregui, quien admitió fallas en los controles internos y omisiones informativas, fue interpretada en los pasillos del Senado como un movimiento táctico que altera la naturaleza de la comparecencia. Legisladores de Morena, encabezados por Óscar Cantón Zetina, habían asegurado previamente que el ejercicio no sería un «linchamiento político», sino una búsqueda de transparencia, promesa que ahora queda en el aire ante la falta de una nueva convocatoria.
La crisis en Chihuahua ha escalado a un nivel de conflicto diplomático y legislativo tras confirmarse que ciudadanos extranjeros viajaron ocultos en el convoy oficial de la Agencia Estatal de Investigación. Persisten dudas sobre la identidad y el rol real de los fallecidos, así como sobre la omisión de reporte a los mandos superiores por parte del fallecido director de la AEI. La salida de Jáuregui Moreno busca, según sus palabras, facilitar las investigaciones, pero su partida también deja al gobierno estatal sin su vocero principal en un momento donde la presión de la Fiscalía General de la República y la Interpol se mantiene activa sobre el caso.
Con la comparecencia suspendida, el escenario político en la capital del país se torna complejo. El Senado deberá decidir si reprograma la cita para la gobernadora o si el proceso de investigación se traslada exclusivamente al ámbito judicial tras la reestructuración de la FGE. Por ahora, el «caso Sierra Tarahumara» sigue sin resoluciones claras, mientras Chihuahua enfrenta el reto de nombrar a un nuevo fiscal en medio de un escrutinio nacional que no cede, y una gobernadora que, por el momento, no tendrá que subir al estrado legislativo para responder por las operaciones de su gabinete de seguridad.
