El exgobernador de Colima, el priista Ignacio Peralta Sánchez, fue vinculado a proceso este jueves tras ser acusado de peculado y uso indebido de atribuciones durante su administración. Junto a él, Carlos Noriega García, quien fuera su secretario de Planeación y Finanzas, también enfrentará a la justicia por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. A pesar de la gravedad de los cargos presentados por la Fiscalía Anticorrupción, un juez de control local determinó que ambos imputados podrán llevar el proceso en libertad, bajo la condición de acudir periódicamente a firmar al juzgado para evitar una orden de aprehensión.
Durante la audiencia, que se prolongó por varias horas en la capital colimense, Peralta Sánchez defendió su gestión argumentando que las modificaciones presupuestarias señaladas por la autoridad estaban dentro de sus facultades legales. No obstante, la Fiscalía presentó elementos de prueba suficientes para que el juez fijara un plazo de cinco meses de investigación complementaria, tiempo en el que ambas partes deberán aportar evidencias para definir la responsabilidad de los exfuncionarios. El exmandatario ha manifestado su intención de probar su inocencia, aunque el marco legal le permite todavía buscar un acuerdo reparatorio para resarcir el daño al erario antes de que el caso escale a la siguiente etapa procesal.
La vinculación de Peralta Sánchez se suma a la lista de exgobernadores del PRI que terminan bajo la lupa judicial tras concluir sus mandatos, evidenciando una vez más las fallas en los mecanismos de control financiero estatal. La titular de la Fiscalía Anticorrupción, Esperanza Ramírez Vela, confirmó que la comparecencia de los señalados fue obligatoria y que el resultado refuerza el combate a la impunidad en la entidad. Este proceso no solo pone en juego la libertad de los implicados, sino que representa un golpe político para el priismo nacional en un contexto donde la exigencia ciudadana de transparencia es cada vez más asfixiante para las viejas estructuras de poder.
En resumen, el caso Peralta se encamina a una etapa de definiciones donde la narrativa de la «facultad legal» chocará con los peritajes financieros de la Fiscalía. Mientras el exgobernador apuesta por una defensa técnica basada en la autonomía ejecutiva, la sombra del desvío de fondos públicos sigue pesando sobre su legado. Los próximos cinco meses serán cruciales para determinar si la justicia de Colima logra concretar una sentencia ejemplar o si el proceso se diluye en acuerdos reparatorios que, aunque devuelvan parte del recurso, suelen dejar un amargo sabor de boca en la opinión pública que demanda castigos penales.
