El municipio de Gran Morelos se ha quedado sin seguridad pública luego de que la totalidad de sus elementos municipales presentaran su renuncia masiva. El alcalde, Oscar Luis Miramontes Pérez, confirmó que el cuerpo policial abandonó sus funciones tras un ataque armado ocurrido el pasado domingo, en el que dos agentes resultaron heridos.
La situación ha desatado una crisis de gobernabilidad, obligando al edil a solicitar la intervención urgente de la Fiscalía General del Estado para evitar el colapso total de la vigilancia en la zona.
La violencia ha provocado un clima de pánico que ya derivó en el desplazamiento de familias que han optado por abandonar el municipio. Según el alcalde, el temor no solo alcanzó a la policía, sino que los empleados administrativos de la presidencia municipal han amenazado con dejar sus cargos si no se garantiza la protección inmediata por parte de fuerzas estatales o federales.
Actualmente, los 3 mil 500 habitantes de la localidad se encuentran en una situación de vulnerabilidad absoluta, sin autoridades locales para atender desde conflictos menores hasta emergencias de alto impacto.
El ataque que detonó la desbandada policial dejó a un oficial hospitalizado con una herida de bala en la cabeza, hecho que terminó por quebrar la operatividad de la corporación.
Miramontes Pérez detalló que el incidente está directamente ligado a los recientes episodios de violencia contra personas desplazadas en la región, lo que evidencia que la capacidad de respuesta municipal ha sido rebasada por el crimen organizado. La urgencia del municipio es que el Estado tome el control de la seguridad antes de que el éxodo de ciudadanos y funcionarios se vuelva irreversible.
A pesar del vacío de poder, el presidente municipal aseguró que se mantendrá en el cargo para gestionar el arribo de fuerzas de apoyo, señalando que su renuncia significaría el abandono definitivo del ayuntamiento. Sin embargo, la realidad operativa es crítica: sin agentes para patrullar o realizar arrestos, Gran Morelos depende hoy totalmente de la voluntad política del gobierno estatal para recuperar el orden.
