H. Cd. de Chihuahua.- La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó ayer un multitudinario mitin en el Monumento a la Revolución para conmemorar dos años de su triunfo electoral, escenario que utilizó para lanzar un enérgico posicionamiento en defensa de la soberanía nacional frente a lo que calificó como una abierta injerencia de los Estados Unidos. Ante miles de simpatizantes, la mandataria cuestionó la legitimidad de las recientes solicitudes de extradición emitidas por el Departamento de Justicia norteamericano contra diez funcionarios mexicanos —incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya—, señalando que carecen de pruebas públicas y sugiriendo que sectores de la ultraderecha estadounidense pretenden utilizar a México como botín electoral rumbo a los comicios de 2026 y 2027. Sheinbaum advirtió que la cooperación binacional no debe traducirse en subordinación ni sometimiento, y vinculó la intensificación de esta ofensiva extranjera con la investigación que realiza la Fiscalía General de la República sobre la incursión ilegal de agentes de la CIA en un laboratorio de drogas ubicado en el estado de Chihuahua.
Durante su informe de rendición de cuentas, el cual fue replicado mediante pantallas en las plazas públicas de las 32 entidades federativas bajo el respaldo de los gobernadores oficiales, la titular del Ejecutivo Federal alertó sobre nuevas estrategias de desestabilización digital impulsadas por las derechas internacionales para erosionar a su movimiento de transformación. La presidenta arremetió de forma directa contra las administraciones de los exmandatarios Vicente Fox y Felipe Calderón, sentenciando que el verdadero «narcogobierno» fue el de este último, al tiempo que tachó de entreguista a la oposición mexicana por aplaudir las presiones de agencias externas con tal de recuperar sus antiguos privilegios políticos. La implicación de este viraje discursivo endurece la postura diplomática de la llamada cuarta transformación de cara a las presiones de Washington; Sheinbaum concluyó ratificando que su administración mantendrá la colaboración humanista para frenar el tráfico de drogas, pero exigió a cambio que el gobierno estadounidense detenga el flujo ilegal de armas hacia territorio nacional y atienda de fondo la crisis de consumo interno en su propio país.
