Especialistas y analistas en temas de seguridad consideran que la declaratoria del Cártel de Juárez como organización terrorista extranjera por parte de Estados Unidos no fue una casualidad. Aseguran que el anuncio se da en un momento político clave, a unos meses de que comience a tomar forma el proceso electoral en Chihuahua.
Según este análisis, la medida no se limitaría al combate contra la delincuencia organizada, sino que podría derivar en acciones administrativas y migratorias contra algunos actores políticos y funcionarios, particularmente en el ámbito de la seguridad. Entre las primeras consecuencias que anticipan está la posible revocación de visas.
Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos no ha dado a conocer nombres ni existe una lista oficial de personas sujetas a este tipo de medidas, por lo que estas proyecciones corresponden al análisis de especialistas sobre el alcance que podría tener la decisión.
En la mira el financiamiento
En el mismo contexto, analistas en materia de seguridad sostienen que las investigaciones no se limitarían a presuntos vínculos entre el crimen organizado y servidores públicos. Aseguran que también alcanzarían el origen y destino de recursos utilizados para financiar campañas políticas y actividades proselitistas, particularmente en casos donde se observan fuertes despliegues de recursos.
De acuerdo con este análisis, una siguiente etapa no sería únicamente la revocación de visas, sino también posibles acciones financieras por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), como el congelamiento de activos de personas físicas, empresas o terceros que presuntamente hayan sido utilizados para ocultar o administrar recursos de origen ilícito.
Hasta el momento, no existe información oficial que confirme investigaciones o procedimientos específicos contra personas, empresas o candidatos en Chihuahua, por lo que estos planteamientos corresponden al análisis de especialistas sobre los alcances que podrían derivarse de las acciones emprendidas por las autoridades estadounidenses.
Tapón de boca
Vaya respuesta la que lanzó el coordinador de los diputados del PAN, Alfredo Chávez, al Gobierno Federal. Ofreció que, si el IMSS necesita un terreno para construir un hospital en Chihuahua, el Estado y el Municipio podrían ponerlo a disposición en cuestión de horas. La única condición: que la Federación firme por escrito el compromiso de presupuestar y construir el hospital.
La propuesta fue directa y pública, pero hasta ahora no ha tenido respuesta. El silencio ha dado pie a nuevas críticas sobre la falta de avances en la infraestructura hospitalaria que demanda Chihuahua.
Y es que el reclamo no es menor. Mientras se habla de nuevos proyectos, el IMSS sigue enfrentando rezagos en medicamentos, insumos, quirófanos y tiempos de atención, una realidad que diariamente padecen miles de derechohabientes en el estado.