A escasas semanas de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, México proyecta una imagen de seguridad blindada que contrasta con la realidad de las familias de más de 16 mil desaparecidos en Jalisco; así lo reveló un reportaje de The New York Times. Mientras el arsenal de seguridad se despliega sobre el Estadio Akron con helicópteros Black Hawk y una inversión de 55 millones de dólares en tecnología para proteger a turistas, los colectivos de búsqueda denuncian que son ignorados por el Estado. Para las víctimas, el mensaje gubernamental es claro: el arsenal policial sirve para resguardar el espectáculo deportivo, pero no para localizar a sus seres queridos ni para enfrentar a los cárteles que mantienen a la región bajo asedio.
Jalisco se mantiene como el epicentro de la desaparición forzada en el país, una crisis que se agudizó tras la muerte en febrero de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», lo que desató una ola de violencia sin precedentes por el control territorial. Pese a este contexto de guerra interna entre grupos criminales y policías corruptos, el gobierno estatal se enfoca en estrategias de relaciones públicas para incentivar el turismo internacional de cara a junio y julio. Las familias critican que los recursos destinados a «limpiar» la imagen de la sede mundialista pasan por alto los terrenos baldíos cercanos al aeropuerto de Guadalajara, donde las madres buscadoras excavan sin protección oficial.
Casos como el de Ana Hatsumi Muñoz, quien busca a cuatro integrantes de su familia —incluida su hermana policía secuestrada en 2021—, exponen la brecha entre la narrativa oficial y la labor de campo; según documentó el diario estadounidense. El colectivo Guerreros Buscadores realiza jornadas de excavación bajo el riesgo constante de ataques, basándose en denuncias anónimas sobre fosas clandestinas que el gobierno prefiere no intervenir para no manchar el entorno del estadio. Aunque las autoridades presumen liberaciones en casas de seguridad cercanas a las zonas turísticas, los colectivos sostienen que el Estado solo actúa cuando la visibilidad del evento deportivo lo obliga a simular control.
La disparidad entre la protección a los visitantes extranjeros y el desamparo de la población local revela una falla estructural que prioriza el negocio del fútbol sobre los derechos humanos; de acuerdo con el análisis de los afectados. Mientras México cuenta formalmente con una comisión de búsqueda, la realidad operativa es que los ciudadanos deben enfrentar al crimen organizado con sus propias manos y herramientas de labranza. Al final de la jornada, la Copa del Mundo se presenta como una máscara de 55 millones de dólares que intenta ocultar una crisis humanitaria que, lejos de resolverse, sigue enterrada en las mismas tierras donde hoy se entrena para el torneo.