El jefe del Departamento Consular de la Embajada de Rusia en México, Iakov Fédorov, endureció la postura de su país frente a la desaparición de una menor de nacionalidad rusa dentro del sistema de tutela mexicano. La tensión diplomática escaló al grado de que la cancillería en Moscú convocó al embajador de México, Eduardo Villegas, para reclamar la «inacción» de las autoridades locales en un caso que el gobierno de Vladímir Putin califica como una retención ilegal por parte de órganos del Estado mexicano.
La menor, que se encontraba bajo el resguardo del DIF desde 2023 por presuntas denuncias de violencia familiar, fue reportada como desaparecida tras huir de un albergue en el Estado de México en septiembre de 2024. Aunque fue localizada en Tijuana un mes después y puesta nuevamente bajo tutela estatal, el gobierno ruso sostiene que no se ha permitido el acceso consular correspondiente y exige que se creen de inmediato las condiciones para su repatriación, priorizando los derechos legales de su connacional.
La portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, fue contundente al señalar que la menor está siendo retenida fuera de los marcos legales internacionales. Por su parte, la madre adoptiva de la niña ha denunciado que el DIF actuó sin notificar debidamente a la familia y manifestó su temor de que la menor sea víctima de redes de trata de personas, una acusación grave que añade presión mediática a un conflicto que ya trascendió las fronteras administrativas para convertirse en un choque diplomático.
Este caso evidencia una falla crítica en los protocolos de protección y comunicación entre las instituciones de asistencia social en México y las representaciones extranjeras. Mientras Moscú eleva el tono y coloca la defensa de sus ciudadanos como su tarea primordial, el Estado mexicano enfrenta el reto de transparentar el estatus de la menor y garantizar que los procesos de tutela no se conviertan en un vacío legal que vulnere los derechos humanos y las relaciones bilaterales con Rusia.