El diputado José Luis Villalobos García, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, lanzó una advertencia sobre la ilegalidad de pretender citar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua ante el Poder Legislativo, señalando que dicha acción carece de sustento jurídico en la Constitución y las leyes vigentes. Bajo el principio de que «la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite», el legislador enfatizó que el Congreso no tiene facultades expresas para obligar la presencia del titular del Ejecutivo estatal, por lo que insistir en esta vía representaría una transgresión directa al equilibrio de poderes.
Villalobos García explicó que, si bien la transparencia es un eje fundamental, la propia ley establece mecanismos específicos para la rendición de cuentas, como la entrega de informes escritos. Recordó que la Ley Orgánica del Poder Legislativo faculta al Congreso para citar a secretarios de despacho o directores de entidades paraestatales, pero excluye deliberadamente al titular del Poder Ejecutivo de este formato de comparecencia. Para el diputado priista, intentar forzar la asistencia de la mandataria no solo es improcedente, sino que constituye una violación al marco legal que rige la relación entre los órdenes de gobierno.
En su intervención, el legislador criticó que ciertos actores políticos utilicen el concepto de soberanía de manera selectiva o como un «escudo» para evadir temas de fondo, lo cual podría incluso encubrir prácticas indebidas o vínculos con la delincuencia. Villalobos señaló que la discusión debe elevarse más allá de la retórica política y centrarse en el respeto irrestricto al Estado de derecho, evitando interpretaciones a modo que vulneren la autonomía de las instituciones estatales frente a presiones externas o agendas partidistas.
Finalmente, el diputado celebró los recientes operativos contra el crimen organizado en la Sierra de Chihuahua, destacando que los resultados en el combate al narcotráfico son tangibles y deben ser respaldados institucionalmente. Subrayó que el fortalecimiento de la seguridad debe ir de la mano con la legalidad, por lo que hizo un llamado a evitar que el debate sobre la presencia de agentes extranjeros se convierta en una herramienta de desestabilización política. Con este posicionamiento, el PRI se suma a las voces que cuestionan la validez jurídica del asedio legislativo contra la administración estatal.