El régimen de Vladimir Putin ha entrado en una fase de «zugzwang», donde cada movimiento político o militar solo acelera el deterioro de su poder y profundiza el aislamiento del país. Por primera vez desde el inicio de la invasión a Ucrania, el círculo cercano al mandatario —gobernadores, empresarios y altos funcionarios— ha comenzado a distanciarse del proyecto oficial, abandonando el «nosotros» en sus discursos para referirse a la guerra como una agenda personal y ajena del presidente. Este cambio de narrativa revela que, aunque el Kremlin mantiene el monopolio de la fuerza, ha perdido por completo el monopolio de la configuración del futuro, dejando a la sociedad rusa en un callejón sin salida donde el destino del país ya no se discute en función de las decisiones de Putin, sino como algo que inevitablemente sucederá sin él.
Este resquebrajamiento del sistema se debe a cuatro factores críticos: el insostenible costo económico y social de una guerra que ya no ofrece beneficios; la desesperada demanda de las élites por reglas internas que protejan sus activos ante la mayor redistribución de propiedad desde los años 90; el aislamiento geopolítico que ha devaluado la influencia de Rusia en organismos internacionales; y un control ideológico asfixiante que exige lealtad sin ofrecer una visión de progreso a cambio. El antiguo contrato social, basado en el consumo y la no intervención política, ha sido reemplazado por la represión sin propósito, extinguiendo el optimismo incluso entre los tecnócratas que operan el Estado. Hoy, Rusia atraviesa una crisis de identidad profunda donde el revisionismo putinista ha dejado de ser una herramienta de poder para convertirse en el motor de su propia obsolescencia.